Chantaje e inviolabilidad real

Decía Jean Paul Sartre que todas las historias son falsas, pues sirven para dar explicación con un principio y un final a hechos que, al producirse, son susceptibles de ser entendidos en múltiples formas. La realidad es siempre caótica; así que elegimos la interpretación que más nos conviene, sistematizando los hechos y dándoles el orden que encaja mejor con nuestros intereses.
Hoy día todo el mundo quiere hacerse dueño de los relatos y el problema surge cuando los que lo pretenden son golpistas, o irresponsables de todo género y condición. A la hora de valorar la verdad de una acusación, es imprescindible saber de dónde parte y a quién le puede beneficiar. En el caso de Corinna, se trata de destrozar nuestro régimen constitucional y les interesa a los independentistas catalanes, a nuestros populistas y a los malvados que existen en todo tiempo y lugar. Ante ello:
Primero.- Los hechos denunciados pueden ser relatados en muy distintas formas, y la más normal no es la que se nos ha ofrecido. Todo lo contrario. Se trata de las palabras de una señora, cuyas características morales, capacidad de sometimiento a coacción y vulnerabilidad no conocemos, que parece declarar algo a un policía mezclado en guerras sucias y sujeto de todo tipo de conspiraciones. Cualquier persona honesta pensaría que estamos ante un chantaje vulgar que quiere destruir a la Corona y, sobre todo, al régimen nacido en 1978. Estamos realizando ahora un relato también falso, como todos, pero más creíble y necesario en un caso de legítima defensa estatal.
Segundo.- Además, el artículo 56.3 de la Constitución española señala expresamente que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Se trata de una irresponsabilidad absoluta y perpetua, quedando liberada, en cualquier tiempo, de las acciones penales, civiles y administrativas que se le dirigieren. Y está protegida penalmente, de tal manera que ninguna autoridad, repito ninguna, podría abrir diligencias. Como dicen los tratadistas Barthélemy y Duez, en ningún momento de su existencia, incluso cuando hubiere abandonado su cargo podrá ser perseguido. La inviolabilidad constituye una circunstancia de exención de responsabilidad que va a eliminar la misma, sin que nunca pueda ser exigida porque no ha llegado siquiera a nacer.
Tercero.- Podría plantearse una duda que tiene relevancia jurídica pero también moral. ¿Un rey ladrón podría continuar en el ejercicio de sus funciones? Autores como Gimbernat han tratado con brillantez el tema, y evidentemente la sociedad no podría aceptarlo. Pero nuestro sistema constitucional tiene el adecuado remedio: la inhabilitación. Aunque pensada para supuestos de enfermedad o imposibilidad física o mental, siempre cabría utilizar en caso de necesidad el artículo 59 de la CE. Pero, en el caso actual, ya no pues el Rey ha abdicado, y los hechos realizados mientras ejerció sus funciones no han existido jurídicamente.
Un chantaje no puede generar consecuencias jurídicas, sería inmoral y hundiría nuestro sistema. Lo que hiciera Juan Carlos antes de abdicar afecta sólo a su conciencia. Para salvar nuestro orden legal del suicidio social irresponsable, se estableció la inviolabilidad.
Plácido Fernández-Viagas B. es Magistrado y Letrado, jubilado, de la Asamblea legislativa.